Por Mauricio Morales
Los resultados de las recientes elecciones primarias han llevado a algunos a promover la restitución del voto obligatorio. Como si las primarias para alcaldes fuesen similares a una elección nacional, se alega que la baja participación fue producto de la voluntariedad del voto. Se ignora que el cálculo de la participación no debe hacerse en función del padrón, sino que de acuerdo a la fuerza electoral de las coaliciones. La Nueva Mayoría y Chile Vamos movilizaron cerca del 40% de su base electoral, pero es mucho más fácil y llamativo decir que la participación bordeó el 5,5%. Además, en estas primarias las coaliciones no compitieron con incumbentes. Es decir, con alcaldes en ejercicio. En las primarias de la Concertación en 2012 la presencia de un candidato incumbente impulsó a casi el doble la participación electoral. Por último, las coaliciones hicieron sus primarias jugando de visita. Es decir, en los lugares donde su votación estaba sustancialmente por debajo de su promedio nacional. ¿Sirve el 5,5% de participación en la primaria como evidencia para empujar una reforma institucional tan relevante como el voto obligatorio?
No. Y este error de cálculo nos conduce a un error político e institucional de proporciones. El momento para defender el voto obligatorio ya pasó. La elite debió ser más firme cuando en pleno gobierno de Lagos se consensuó esta mala idea que, más tarde, fue consagrada en la reforma constitucional de 2009 en el primer gobierno de Bachelet. Fuimos unos pocos quienes nos opusimos a la reforma, pero en ese momento primaron argumentos normativos. Entre ellos, que el voto era un derecho y no un deber, y que los jóvenes no votaban producto de los trámites burocráticos que implicaba el proceso de inscripción. El diagnóstico, por tanto, era que la abstención respondía a factores contingentes y no a razones estructurales. Bastaba inscribir a todos para aumentar la participación. A esto se sumó una opinión pública favorable que apoyaba el voto voluntario en más de un 70%.
El fracaso de la reforma fue evidente. Si en las municipales de 2008 participó el 58% de la población en edad de votar, en 2012 la cifra se desplomó al 43%. Para las presidenciales la situación mejoró parcialmente. En 2009 votó el 59% y en 2013, el 50%. Lo curioso de todo esto es que en una encuesta aplicada por el Observatorio Político-Electoral de la UDP al 100% de los diputados en 2012, el 75% de los parlamentarios de la Concertación se mostró favorable al voto obligatorio, en circunstancias de que varios de ellos votaron a favor de la reforma de 2009 y casi todos respaldaron la ley orgánica que la puso en marcha. No habla bien de nuestros representantes el que hayan apoyado una reforma para tempranamente arrepentirse. En un trabajo que escribí en 2008 y que hice circular entre varios legisladores, advertí que con voto voluntario la participación retrocedería significativamente y que, además, se profundizaría el sesgo de clase. Es decir, que en las comunas ricas participaría proporcionalmente más gente que en las comunas más pobres. La evidencia es contundente en respaldar ambas hipótesis. La participación se desplomó y el sesgo de clase se agudizó, especialmente en la Región Metropolitana.
Por ende, los legisladores no pueden alegar que apoyaron una reforma sin evidencia en mano. Esa evidencia siempre estuvo disponible. Al parecer, varios de ellos no tuvieron la suficiente valentía para oponerse a la reforma constitucional propuesta por Bachelet debido a la alta popularidad con que contaba la Mandataria. Ahora pretenden revertir una mala decisión echando más leña a la hoguera.
¿Qué sucedería si reponemos el voto obligatorio? En primer lugar, hacer esta reforma en un ambiente de desafección y donde los partidos generan escasa confianza aumentaría significativamente las opciones de candidatos populistas o externos al sistema de partidos más tradicional. Desafectos e indignados con la política -a quienes además se les obligue a votar- serán renuentes a respaldar alternativas institucionales. De hecho, si en 2009 los no inscritos hubiesen sido obligados a votar, ME-O pudo superar a Frei en la primera vuelta. La encuesta CEP de octubre de 2009 mostró que entre los no inscritos ME-O tenía una intención de voto de 31,1% y Frei, de 19,1%. Tales antecedentes llevan a pensar que restituir hoy el voto obligatorio incrementará la participación, pero que esa participación favorecerá opciones que están fuera del sistema, perjudicando a los partidos tradicionales y, de paso, estimulando la emergencia de outsiders. Adicionalmente, no son pocos los que han propuesto un sistema de primarias obligatorias. Si hoy los partidos son instituciones debilitadas, imaginemos cuán irrelevantes serían las directivas, consejos y juntas nacionales si las candidaturas siempre se definieran en primarias. Ambas propuestas -voto obligatorio y primarias obligatorias- van en la dirección equivocada. En lugar de robustecer a los partidos, terminarán debilitándolos. Las primarias no son el único ni el mejor mecanismo para seleccionar candidatos.
En segundo lugar, para que el voto obligatorio funcione será necesario establecer sanciones económicas y administrativas creíbles para quienes no voten. De lo contrario, operará como un régimen de voto voluntario. Esas sanciones debiesen ser ejemplificadoras. Desde el punto de vista administrativo, los que no voten ni justifiquen su abstención podrían estar impedidos de firmar contratos con el Estado e, incluso, viajar fuera del país. En la práctica, el régimen electoral sería de inscripción y voto obligatorio con sanciones efectivas. De esto hay experiencia. Por ejemplo, en 1962 se aumentaron las sanciones por no votar, incluyendo prisión -conmutable por multa- y prohibición de hacer trámites ante entidades públicas y privadas. El efecto que produjo esta reforma fue un crecimiento del padrón. En 1957, el 35,9% de la población en edad de votar estaba inscrita, pasando a 40,6% en 1958, 47,9% en 1961 y 69,8% en 1964. Si en 1957 había 1,3 millones de inscritos, en 1964 la cifra superó los 2,9 millones. En 1970 se produjo otro incremento del padrón, debido a la rebaja de 21 a 18 años en la edad de votar, sumándose analfabetos y no videntes.
En tercer lugar, esta experiencia histórica indica que aumentará el número de potenciales votantes en caso de adoptar el régimen de inscripción y voto obligatorio. Por tanto, habrá que dotar de mayor contingente y recursos a Carabineros, encargados de recibir las excusas de quienes no voten. En el régimen de inscripción voluntaria y voto obligatorio todo era más sencillo, pues el padrón bordeaba los ocho millones. No será lo mismo en un padrón de 13 o 14 millones. Las comisarías serán rápidamente atochadas por ciudadanos que, ante una eventual sanción, necesitarán formalizar su excusa ante la autoridad correspondiente.
En cuarto lugar, igual cosa habría que hacer con los juzgados de Policía Local para procesar multas y sanciones. Acá está la clave de un buen funcionamiento del sistema. Si las sanciones no se hacen efectivas, entonces persistirá el voto voluntario. En quinto lugar, probablemente el Servel también requiera recursos adicionales dado el incremento sustantivo del número de votantes. En sexto lugar, y espero que esta no sea la razón, es posible que al participar más gente, los partidos -por efecto mecánico- reciban mayor número de votos, aumentando así el monto de devolución fiscal por voto recibido. Por ende, las elecciones serían cada vez más caras.
En consecuencia, los legisladores deben aprender la lección. Ya se equivocaron al cambiar el régimen electoral y mostraron un rápido arrepentimiento. Hoy, es el momento de pensar bien las cosas y no sacar conclusiones de una elección primaria donde sólo se elegía el representante de una coalición. Reponer hoy el voto obligatorio trae más perjuicios que beneficios para nuestro sistema político y, más grave aún, para nuestra democracia.
Fuente: La Tercera