Por Patricio Navia
La saludable desconfianza que reina en la población respecto al desempeño de sus autoridades no es un problema. El problema en Chile hoy es la falta de conducción política. Es común que las democracias modernas tropiecen cuando las condiciones económicas empeoran y cuando los escándalos ponen a la clase política contra la pared. La incapacidad para volver a ponerse en pie, en cambio, es propia solo de los gobiernos que se ven superados por las circunstancias. Chile no está pasando por una crisis institucional o democrática. Nuestro país solo atraviesa por una crisis política causada por un gobierno que carece de conducción.
En las democracias saludables, la gente confía más en las instituciones que en las personas. Porque todas las personas son susceptibles a cometer errores involuntarios, incurrir en malas prácticas o, incluso, violar la ley, las democracias deben tener mecanismos adecuados para sancionar. Ya que no todos los seres humanos son virtuosos, la oportunidad a menudo termina haciendo al ladrón. De ahí que deban existir instituciones que disuadan las malas prácticas y castiguen ejemplarmente a los que violan la ley.
El hecho que el cóctel de escándalos (Penta, SQM y Caval) sea mayor que ningún otro en la historia de nuestra democracia se puede deber a que nunca antes tuvimos estas malas prácticas de forma tan extendida o bien a que ahora hay más instituciones que fiscalizan mejor y persiguen delitos que se hayan cometido. Parece evidente que la segunda opción es la correcta. No hay razón para creer que los políticos del pasado eran más virtuosos que los de hoy. Pero sí hay mucha evidencia de que nuestras instituciones funcionan mejor hoy que en el pasado.
Esta no es la primera vez que la política chilena se encuentra en un pantano. Es cierto que las mismas prácticas de financiamiento de la política que antes eran comunes hoy resultan inaceptables para una población que tiene acceso a más información y que se encuentra más vigilante. Después de todo, una de las consecuencias de que la clase media haya crecido es que ya no se pueden hacer acuerdos entre cuatro paredes sin tomar en cuenta a una sociedad civil cada vez más vociferante y activa. Cuando la sociedad se desarrolla y los beneficios del crecimiento y del progreso alcanzan a más personas, los clubes exclusivos de los mismos de siempre ya no sirven como el mecanismo para solucionar conflictos y salir de las crisis.
Hoy, el país no está paralizado por los escándalos Penta, SQM y Caval. La clase política está paralizada. Esa parálisis es resultado de un diseño institucional excesivamente presidencialista. En Chile, el Presidente tiene tanto poder que cuando el Presidente se paraliza, toda la clase política —y eventualmente hasta la economía del país— también se terminan paralizando. Por eso, la discusión actual sobre la conveniencia de un acuerdo político que permita superar la crisis carece de un elemento clave. Ningún acuerdo, independientemente de sus méritos, tiene posibilidad de materializarse si no es piloteado desde La Moneda. Los méritos y debilidades del acuerdo del que tanto se habla en estos días poco importan si no hay evidencia de que la Presidenta de la República está dispuesta a poner su capital político y sus atribuciones institucionales para lograr su concreción.
El 9 de octubre de 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet dijo que, respecto al mecanismo para una nueva Constitución, “tengo que zanjar cuál va a ir en el programa de gobierno. Yo voy a cortar el queque”. Entonces, Bachelet sabía que tenía el poder y pensaba ejercerlo. Hoy, existen fundadas dudas sobre el control efectivo que tiene la Presidenta sobre sus poderes y atribuciones institucionales y abundan los rumores —alimentados por la propia actitud de Bachelet— sobre la disposición de la Presidenta a usar sus poderes institucionales para salir de la turbulencia que aflige hoy a la clase política.
En dictadura, uno de los cantos favoritos de los opositores al gobierno de Pinochet partía con un “¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta?” El canto reflejaba más una intención de controlar el poder que la evidencia de que la hoja de ruta de la transición a la democracia se estaba dibujando con las protestas en las calles. Como ahora ya es incuestionable, la transición chilena se cocinó en acuerdos de elites. Hoy, a 30 años de las marchas que popularizan el canto que insultaba al dictador, corresponde hacerse la misma pregunta, pero de forma más reflexiva y sin afán de ofender a nadie. Después de todo, las dudas sobre quién manda hoy en Chile son las que alimentan esa percepción de preocupación —e incluso fin de ciclo— que hace que muchos confundan la innegable crisis política con una inexistente crisis de las instituciones o del sistema democrático. Afortunadamente, es cosa de que la Presidenta tome las riendas para que se comience a superar la crisis política. La solución podrá ser buena o mala, pero la inacción actual terminará solo cuando Bachelet se anime a cortar el queque.
Fuente: El Libero