Por Patricio Navia
La decisión de Pablo Longueira de renunciar a la UDI a partir de las filtraciones de correos electrónicos que indican una relación de cercanía y cooperación entre el entonces senador UDI y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse subraya una vez más la tensión que existe entre la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho y la rapidez con que la opinión pública llega a juicios. Si bien los políticos deben estar sujetos a criterios más exigentes que el resto de los ciudadanos, las personas siguen siendo legalmente inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario. Pero como muchos miembros de la propia clase política se han apresurado en olvidarse de la presunción de inocencia cuando se trata de acusar a sus rivales o de proponer medidas populistas para ganar adeptos entre los votantes, el legítimo reclamo demandando presunción de inocencia que realizan ahora los defensores de Longueira resulta extemporáneo.
La decisión de Longueira de renunciar a la UDI es un duro golpe para el partido. Como miembro fundador, ex presidente, ex secretario general, diputado (1990-2006), senador (2006-2011), ministro del gobierno de Piñera y ganador de las primarias presidenciales de 2013 de la Alianza, Longueira es el líder más importante del partido más conservador del espectro político. El avezado político ha sido un actor clave en muchos de los momentos importantes de la política chilena en los últimos 26 años. No hay otro líder en la UDI que genere tanta mística, lealtad y también tanta polémica como Longueira. Como recientemente vivió la traumática experiencia de ver caer a Jovino Novoa, otro de sus líderes históricos, la UDI recibe la salida de Longueira como un golpe especialmente duro en un momento de debilidad.
Como ha sido el partido con más legisladores en la última década, el tropiezo de la UDI es visto como una oportunidad por sus competidores —al interior de Chile Vamos y en los partidos de izquierda, que aspiran a correr el cerco ideológico que tan efectivamente había defendido la UDI—. Mientras algunos lloran la caída de Longueira y otros la celebran, muchos parecen olvidar las implicaciones que tiene la forma en que cayó el caudillo UDI sobre la presunción de inocencia y las repercusiones que tendrá el éxito de la estrategia de lograr la sentencia de culpabilidad popular antes de que se pronuncien los tribunales.
La evidencia que hasta ahora se conoce —con la complicidad de la fiscalía, que permite que se violen los derechos de los imputados cuando se filtra información que debiera estar protegida por el secreto de la investigación— es que Longueira tenía una relación especialmente cercana con Patricio Contesse. Como hay evidencia de que Longueira y su círculo íntimo recibieron pagos de SQM por servicios no prestados, la fiscalía ha anunciado que investiga un posible delito de cohecho. Si bien el Ministerio Público deberá primero acusar formalmente a Longueira y luego demostrar fehacientemente ante un juez que existió tal delito, la sola filtración de los emails ha sido suficiente para que muchos en la opinión pública se anticipen a dictar sentencia.
Entregar información sesgada para que la gente se forme una opinión antes de tener toda la evidencia ha sido práctica cotidiana en la arena política. Desde que estalló el escándalo por acusaciones sobre el presunto consumo de drogas en el Congreso a comienzos de los 90, los escándalos políticos más impactantes se han construido a partir de información parcial, sesgada e incompleta. En varias ocasiones, líderes de la UDI han participado activamente en linchamientos públicos similares a los que ahora ha sido sometido Longueira. Pero si bien la UDI pudiera estar bebiendo ahora una sopa de su propio chocolate, muchos de los que en otros momentos han alzado la voz para recordar que debe aplicarse el principio de presunción de inocencia ahora brillan por su ausencia.
Es verdad que la clase política debe ser sometida a estándares más exigentes que el resto de los ciudadanos, porque viven cómodamente con sueldos pagados por nuestros impuestos, y porque sus posiciones de liderazgo requieren estándares más elevados en su comportamiento. Los privilegios de los que gozan implican también responsabilidades adicionales que deben aceptar.
Pero no se debe confundir los estándares éticos más elevados al que deben ser sometidos los políticos con la renuncia a la presunción de inocencia. Longueira renunció porque su comportamiento alimenta sospechas sobre la independencia de sus acciones en cuestiones que afectaban directamente a SQM. Por las implicaciones políticas de sus actos, la renuncia es justificada y necesaria (y además útil para ayudar a la UDI a salir de la crisis en que se encuentra). Pero la renuncia de Longueira no significa que ahora él deba dedicarse a demostrar su inocencia. En un estado de derecho, los imputados gozan de la presunción de inocencia y la fiscalía es la que debe demostrar su culpabilidad.
Fuente: El Líbero